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Y, Escazú ¿Pa’ cuándo?

Los acuerdos internacionales buscan soluciones colectivas que incidan más allá de las fronteras, promoviendo la colaboración de los países que forman parte, tal es el caso del acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe en contener disposiciones específicas sobre la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, así como también en promover el acceso a la información y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. La República Dominicana fue uno de los primeros países en suscribirse a este acuerdo en el año 2012.


En este Día Internacional contra el Cambio Climático es preciso resaltar que este mal se engrandece cada vez más con las acciones sociales y económicas que realiza el ser humano en su medio ambiente. Es un problema global, pero aún más para la República Dominicana, ya que es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático de acuerdo al Índice de Largo Plazo Riesgo Climático-CRI. Esta realidad es visible, tomando en cuenta las temporadas de lluvias extremas que provocan el desborde de ríos, arroyos y cañadas, o las sequías prolongadas que producen una notable baja en la producción agrícola de la que depende nuestra economía nacional. .


El cambio climático es un problema al que se le debe hacer frente no solo desde los gobiernos sino por cada ciudadano. Luchar contra el cambio climático implica proveer instrumentos a la ciudadanía para poder denunciar y accionar contra los atentados al medio ambiente, tales como los que se ofrecen a través del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, a pesar de la República Dominicana estar de acuerdo con su elaboración y ser uno de sus signatarios desde 2018, aún no somos parte oficial del mismo, el cual entró en vigor el pasado 22 de abril.


Actualmente como Congreso Nacional estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional pueda concluir el proceso de “control preventivo de constitucionalidad’’, un requisito esencial para hacer efectivo dicho acuerdo en el país, este es el único paso restante para llegar a nuestras cámaras y ser ratificado por la República Dominicana. De esta forma lograremos mayor transparencia y una justicia con una dependencia más especializada en crímenes ambientales que pueda prohibir y sancionar todo aquello que afecte el medio ambiente. A su vez, debemos promover la implementación de políticas cuyo objetivo sea reducir los efectos del cambio climático que cada día son más evidentes en nuestra isla.


Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda atender al llamado que hacen los defensores del medio ambiente en nuestro país de completar el estudio en el que se encuentra desde hace un año el Acuerdo de Escazú. La no acción no es una opción, el medio ambiente nos necesita hoy.


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