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Seguridad alimentaria, más que una meta económica en la República Dominicana

Garantizar la seguridad alimentaria para todos en la República Dominicana es una meta retadora de alcanzar a corto e incluso a mediano plazo. Las metas nacionales en el sector agropecuario son ambiciosas, lograrlas requerirá que la seguridad alimentaria sea posicionada como una prioridad para el Estado, no solo en cuestiones humanitarias o económicas, sino en temas ambientales y desarrollo sostenible.


Las variaciones climáticas, la falta de herramientas tecnológicas adecuadas para llevar procesos agropecuarios compatibles con el medio ambiente, la falta de capacidades institucionales y la ausencia de normativas que incentiven las prácticas sostenibles de este sector, son tan solo algunos de los retos que enfrentamos como país, no obstante, es posible mitigar el impacto negativo si como nación asumimos asegurar la seguridad alimentaria como una prioridad.


La producción agropecuaria orgánica ha sido reconocida como la vía más adecuada para lograr la sostenibilidad del sector agropecuario sin afectar los recursos naturales. La República Dominicana es líder mundial en la exportación de cacao y banano orgánicos. El Ministerio de Agricultura, en su informe ''Breve reseña del estado actual de la agricultura orgánica en la República Dominicana'' estimó que a 2011 el país poseía un aproximado de 1,728,000 tareas de cacao orgánico y 300,000 tareas de banano orgánico.


En la actualidad, en el país contamos con más de 14 especies de alimentos que se cultivan de manera orgánica. El ingreso total por concepto de exportación de productos orgánicos es de aproximadamente US$500 millones de dólares anuales, según el mismo informe del ministerio. La agricultura orgánica representa el 11.84% de las tierras agrícolas en República Dominicana, las cuales se estiman en unos 20 millones de tareas.


Sin embargo, a pesar de los pasos significativos que hemos dado en favor de la producción orgánica, cada año se evidencia cómo las prácticas de cultivo y producción agropecuaria están afectando nuestros recursos naturales; las cuencas hidrográficas son sin duda las más amenazadas. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2020 (INGEI-2020), reconoce que la agricultura produce el 19.9% del total de las emisiones del país.


Para lograr una transformación eficiente en la manera en que producimos y consumimos, el Estado deberá contemplar la producción agropecuaria más que como una fuente económica, un medio para conversar y cuidar nuestros recursos, y a su vez reducir las emisiones de gases de efecto invernadero locales.


Hay que reconocer que hacer una transformación en este sector no será un camino lineal para la República Dominicana, como pequeño Estado insular en desarrollo. Las certificaciones de ''orgánicos'' son costosas para los pequeños y medianos productores. A su vez, la limitada disponibilidad de tecnologías, los reducidos programas de financiamiento y la falta de políticas de incentivos serán los principales retos que tendrán que enfrentar los productores.


Para subsanar esto, el Estado debe trabajar en el diseño de políticas más robustas, que protejan a los pequeños y medianos productores de pérdidas económicas y productivas en el proceso de lograr la transformación de producción tradicional a una orgánica o ecológica. La creación de créditos atractivos a través de entidades de intermediación financiera, y reducir los costos de las certificaciones en favor de los pequeños y medianos productores podrían ser medios que faciliten la producción orgánica.


Este es un tema que debe ser asumido como prioridad, la desertificación de los suelos agrícolas, y la escasez de agua provocados por prácticas de producción agropecuaria erradas ya son una realidad en la República Dominicana. El Estado debe comenzar a ver esto como una señal de la naturaleza, para acelerar el proceso de diseñar, promover y, sobre todo, aplicar políticas que garanticen la producción de alimentos de forma sostenible en un contexto de un clima cambiante. A su vez, el país deberá plantearse la actualización del Censo del Sector Agropecuario, el último se realizó hace más de 30 años, lo que provoca que las estadísticas desactualizadas dificulten el diseño de políticas eficaces.


Sin duda los retos para lograr un cambio de paradigma en el sector agropecuario, dejando de verlo tan solo como un sector productivo o económico, será retador para el Estado y la sociedad. La no acción en este tema de gran importancia para el país, resultará a mediano y largo plazo en una reducción significativa de nuestros recursos naturales.

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