El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como ‘’Acuerdo de Escazú’’, entrará en vigor el próximo 22 de abril del 2021, luego de haber obtenido el mínimo de 11 ratificaciones necesarias para poder comenzar a ser efectivo.
Siendo uno de los principales promotores de este acuerdo desde su concepción en 2012 y a más de 2 años de haberlo firmado, la República Dominicana aún no ha realizado el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual consiste en la aprobación definitiva por parte del Congreso Nacional. Esto se debe a que el Tribunal Constitucional no ha concluido el proceso de ‘’control preventivo de constitucionalidad’’ requisito esencial para hacer efectivo dicho acuerdo en país. Cabe destacar que desde el 2018, luego de ser firmado por el país, este importante acuerdo se encontraba en el olvido y no es hasta finales del 2020 que se retoma. Un punto importante a resaltar ya que no es tiempo que ha faltado sino voluntad.
Pero, ¿Por qué nos importa Escazú? Este tratado constituye un paso muy importante hacia el cuidado del medio ambiente y las metas de desarrollo sostenible. El mismo busca que exista más transparencia en las decisiones de permisos ambientales y más consenso con la población sobre estos temas. Sus principales puntos de enfoque son:
Acceso a la información ambiental, lo que supone democratizar las solicitudes y obtención de datos sobre de manejo del medio ambiente en todos los Estados que lo ratifiquen;
Participación ciudadana, en los procesos de toma de decisiones ambientales; y
Acceso a la Justicia, obligando a los Estados a ofrecer los medios para que los reclamos medioambientales puedan llegar a ser conocidos en los tribunales competentes.
Estos tres ejes centrales, suponen un avance en los procesos de conservación de los recursos naturales. A su vez motivan al Estado a promover las iniciativas necesarias para eficientizar la transparencia sobre los permisos ambientales concedidos, el uso de los recursos hídricos y forestales y de igual modo, podría suponer la creación de un tribunal especializado para tratar las problemáticas medioambientales. Estas son soluciones que nuestro país necesita de urgencia, para entenderlo solo nos basta recordar a Loma Miranda, Valle Nuevo, Cotubanamá, y los muchos más que vendrán sin las garantías acordadas en Escazú.
Debemos mencionar que a nivel de normativas nuestro país ya está a la altura de cumplir con gran parte del acuerdo gracias a la Ley núm. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley núm. 64-00 sobre Medio Ambiente. Y nos preguntamos ¿hará una diferencia este acuerdo? Desde esta diputación creemos que sí. Primero, estamos seguros de que esta nueva Administración tiene la capacidad y que con la ayuda de todos, la voluntad de llegar a la altura de cualquier punto faltante. Segundo, un acuerdo a nivel regional nos obliga a poner nuestras faltas frente a nuestros homólogos y ante una población de toda una región cuyos ciudadanos buscan una solución a los problemas ambientales y se niegan a seguir dando la otra cara. Es a estos ciudadanos, dentro de los que nos contamos, que el Acuerdo de Escazú otorga las herramientas necesarias para rescatar nuestros tesoros naturales y fuentes de vida.
Es por lo que desde el inicio de nuestra diputación, hemos asumido la responsabilidad de ser voceros para que sea conocida la importancia de que el país pueda ratificar y formar parte de las garantías y avances que este acuerdo supone. Para que así en 2021 podamos dar un paso agigantado en la promoción y conservación de nuestros recursos ambientales. No esperemos más #EscazúAhora.